En diciembre de 2018, el gobierno español anunció una reforma radical de las normativas del alquiler del país con el doble objetivo de proteger a los inquilinos y actualizar las leyes del sector pero, después de aprobarlas, el Congreso las derogó rápidamente en enero de 2019.
Los contratos de alquiler típicos en España se ampliaron de tres a cinco años, las fianzas se limitaron a dos meses de alquiler y se revisaron las normas para permitir a los arrendadores y arrendatarios renovar los inmuebles más fácilmente durante un contrato de arrendamiento.
Las nuevas normas establecían que si el 75 % de los ocupantes de un edificio se oponían a los alquileres a corto plazo, esto impediría que los dueños alquilaran sus propiedades a los turistas. El objetivo de estas normas era reducir el número de inmuebles que permanecen vacíos durante gran parte del año, y que solo son ocupados por huéspedes durante la temporada de verano.
Del mismo modo, los propietarios que mantengan sus apartamentos vacíos tendrían que pagar más impuestos a los ayuntamientos, mientras que los inquilinos de viviendas sociales no tendrían que pagar impuestos municipales.
La repentina anulación de estas leyes ha causado confusión en el sector inmobiliario español, ya que los contratos de alquiler firmados durante el período de 35 días en que esta normativa estuvo en vigor deben someterse a ella. Los contratos firmados después del 22 de enero de 2019 están sujetos a las normas anteriores.
Los expertos inmobiliarios creen que el gobierno retomará la cuestión en el futuro, tratando una vez más de limitar los precios del alquiler en las ciudades y promover los derechos de los inquilinos.
Esta inseguridad jurídica «empaña la imagen y la fe depositada por el público en las instituciones públicas y en los políticos», escribió Raymundo Larraín Nesbitt, abogado inmobiliario. Afirma que los políticos deberían asegurarse de que sus leyes sobrevivirán antes de publicarlas.
