A partir del 1 de junio de 2019, los propietarios de viviendas de alquiler y los agentes de arrendamiento del Reino Unido ya no podrán cobrar tarifas administrativas por determinados servicios tales como visitas, comprobaciones de crédito y referencias.
Las cifras del Gobierno muestran que los propietarios perderán alrededor de 83 millones de libras esterlinas al año con este cambio, mientras que los agentes inmobiliarios de arrendamiento perderán unos 157 millones de libras esterlinas al año.
La medida responde a las quejas recibidas que aseguraban que las tarifas se estaban convirtiendo en un importante lastre de los recursos de los inquilinos, impidiéndoles ahorrar para una casa propia y penalizándoles con falta de opciones.
Los representantes de los agentes de arrendamiento argumentan que tendrán que repercutir los ingresos perdidos a los propietarios y que, en consecuencia, los alquileres pueden aumentar. Sin embargo, en Escocia, donde existe una prohibición similar desde 2012, los expertos inmobiliarios informan de que dichos aumentos fueron de escasa cuantía y que pronto desaparecieron.
La agente de arrendamiento Leona Leung está preocupada porque el cambio pueda afectar al futuro de los propietarios de viviendas de alquiler: «Muchos propietarios empezarán a preguntarse si se trata de un negocio rentable. Los pequeños propietarios y agentes locales podrían quedar fuera del negocio muy pronto. Es una pérdida para todos: inquilinos, propietarios y agentes».
Los inquilinos en su mayoría han respondido de forma distinta, expresando alivio al saber que los muchos miles de libras que debían abonar antes de poder ocupar una vivienda ahora se verán reducidos en gran medida. A partir de junio, las fianzas se limitarán al alquiler de cinco semanas para las propiedades en alquiler por debajo de las 50 000 libras esterlinas al año, y las penalizaciones por retraso en el pago se limitarán al 3 % de interés por encima del tipo base fijado por el Banco de Inglaterra.
