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Antes de las elecciones generales del 12 de diciembre, los principales partidos políticos del Reino Unido están redactando sus manifiestos para ganarse el apoyo de los ciudadanos. Las declaraciones se publicarán en la segunda mitad de noviembre.

En el sector inmobiliario, se prevé que el Partido Conservador prometerá reformar el impuesto sobre actos jurídicos documentados reduciendo la tasa máxima del 12 % al 7 % y, al mismo tiempo, incrementando el umbral hasta 500 000 GBP. Con esta medida, la mayoría de los bienes inmuebles del Reino Unido quedarían exentos de dicho impuesto y quienes adquieran propiedades a precios más elevados se beneficiarían de ahorros considerables.

El Centre “for Policy Studies” (Centro de Estudios Políticos) ha instado a los conservadores a reformar dicho tributo, el cual ha calificado de «impuesto sobre la movilidad y las aspiraciones».

El Partido Laborista también ha propuesto cambios en el impuesto y ha sugerido que solo debería aplicarse a los residentes no domiciliados en el Reino Unido, empresas propietarias de bienes inmuebles, compradores de segundas viviendas y propiedades de inversión. Además, recomienda que sean los propietarios y no los arrendatarios de las propiedades quienes sufraguen el impuesto municipal, cuyas tasas serían más elevadas en el caso de las segundas viviendas y de los bienes inmuebles no residenciales.

El Partido Liberal Demócrata anunció que recaudaría el impuesto de plusvalía como medio para financiar gastos sociales como una «billetera de educación», con la cual los ciudadanos tendrían acceso a más servicios formativos y educativos.